Suprimen las subvenciones para las energías renovables. Eléctricas: La luz oscura

Una de las primeras medidas adoptadas por el ministro de Industria, José Manuel Soria para intentar atajar el déficit energético ha sido la aprobación de un Decreto Ley por el que se suprimen indefinidamente las subvenciones para las plantas de energía renovables.

El conocido ya como "parón renovable" es un guiño a los intereses de las grandes compañías eléctricas que aún así, no han visto suficiente esta medida y piden una nueva subida de la parte regulada de la tarifa de la luz -los llamados peajes- para frenar dicho déficit. Una subida que encarece aún más la factura de la luz que en estos momentos es una de las más elevadas de Europa. Porque no es el coste de la energía, sino el de los peajes de acceso el responsable del encarecimiento de la factura eléctrica, cuya insuficiencia ha provocado el déficit tarifario. ¿De qué déficit estamos hablando? Hasta diciembre del pasado año, Industria calcula que serían unos 24.000 millones de euros (más de un 2% del PIB español). A través de estos peajes se venían financiando las primas a las renovables, el déficit de años anteriores y las infraestructuras de distribución y transporte de energía, pero ¿quién fija esas cantidades y en base a qué criterios?.

La opacidad del déficit energético

Los ciudadanos deben de tener acceso a una información adecuada para poder conocer de cerca la problemática a la que se enfrentan y tomar sus decisiones. En este sentido hablar de déficit energético es hablar de opacidad.

¿De dónde surge la deuda que ahora nos reclaman? Desde el Observatorio Crítico de la Energía (observatoriocriticodelaenergia.org) explican que en realidad "este déficit que los consumidores han contraído con las mayores empresas eléctricas (principalmente Iberdrola, Endesa y Gas Natural), viene siendo objeto de un discurso simplista y a menudo interesado por parte del Gobierno y medios de comunicación afines, que se limitan a atribuirlo al coste de las energías renovables. A la sociedad no se le ha explicado que el déficit ha surgido en el proceso de privatización del mercado eléctrico que se inició en 1998. En la actualidad el Gobierno no regula el precio de la electricidad, como pudiera parecer, sino que éste es fijado en un mercado oligopólico donde las empresas que venden y compran energía son, en la práctica, las mismas, y tienen un enorme poder de influencia sobre el precio resultante".

¿Cómo se ha generado? El proceso de privatización fue realizado de espaldas a la ciudadanía y puso en marcha un estudiado engranaje que ha produce importantes beneficios. Desde el Observatorio Crítico de la Energía (OCE) donde pretenden acercar la ciudadano toda la información necesaria para una reflexión informada sobre la energía y sostenibilidad, hablan de opacos acuerdos, de intereses creados, que luego derivan en una subida del precio de la electricidad y del déficit de tarifa. Estaríamos hablando de "primas a fuentes de energía emisoras de CO2 como carbón y gas natural (pagos por capacidad), de la anulación anticipada de los Costes de Transición a la Competencia (por la que se estima que las eléctricas deberían devolver 4.000 millones de euros), de los ingentes beneficios de centrales hidroeléctricas y nucleares que ya están amortizadas, o de los mercados de futuros de electricidad en los que entidades financieras obtienen cuantiosos dividendos (subastas CESUR). La suma de todos estos mecanismos, -sospechosos para la Comisión Nacional de la Energía (CNE) de haber sido manipulados en varias ocasiones durante la última década-, conllevan un elevado coste y carecen de los beneficios que las primas a las renovables aportan al sistema de generación eléctrica: disminución de emisiones de CO2 y de importaciones de combustibles fósiles; y, más genéricamente, ser la piedra angular de la inexorable transformación del modelo energético. Es un error eliminar estas primas acusándolas además de ser las responsables del déficit de tarifa, al tiempo que resulta indignante que sean precisamente las empresas eléctricas las que reclamen al Estado unas 'supuestas' pérdidas que superan el 6% de los Presupuestos Generales del Estado".

Ciudadanos vs. eléctricas

Nos encontramos pues ante un claro conflicto de intereses: los de las eléctricas con sus energías contaminantes que intentan mantener a toda costa, y los de la sociedad, que demanda un cambio: sustituirlas por energías renovables. "Que no nos engañen tratando de culpabilizar a las renovables del 'déficit de tarifa' cuando acaban de anunciar unos beneficios de 2.805 millones de euros", asegura José L. García Ortega, responsable de la campaña de Energías Limpias de Greenpeace. "Que dejen de mentir, porque sus mentiras ya no nos las creemos, aunque vergonzosamente el Gobierno español se las está creyendo todas. Que no esperen que nos vamos a quedar cruzados de brazos ante las presiones y las falacias que, estamos seguros, no han hecho más que empezar".

Hace unos días, sindicatos, organizaciones ecologistas, de consumidores, empresariales y ciudadanas entregaban una carta al ministro de Industria, José Manuel Soria, donde criticaban el Real Decreto Ley que suspende los incentivos económicos a las renovables y exigían con urgencia un verdadero debate social y político sobre el tema. Desde Ecologistas en Acción, una de las organizaciones firmantes, insisten en que "esta decisión del Gobierno obedece claramente a un planteamiento sesgado y demagógico en torno a la energía, puesto que no tiene en cuenta los costes reales de generación, ni los beneficios desorbitados de instalaciones hidráulicas y nucleares amortizadas, ni las externalidades sociales y ambientales que cada tecnología produce". Y no sólo eso. Seguir adelante con esta línea de decisiones, hará que se tiren por la borda los compromisos con Kyoto y la directiva de techos nacionales de emisión que podrían acarrearnos incluso, sanciones europeas.

Auditoría Ciudadana

La opinión pública no dispone de información real de lo que está pasando ya que la mayoría de medios de comunicación -comprados por la publicidad del lobby eléctrico- apoya los mismos argumentos que las grandes corporaciones de este país. Tampoco puede confiar en los políticos, ya que muchos de ellos cuando abandonan sus cargos, aparecen en las nóminas de estas empresas como consejeros. Felipe González es en la actualidad asesor de Gas Natural; José María Aznar, de Endesa, empresa que también ha fichado a Elena Salgado para su filial en Chile, así como el político catalán Miguel Roca. Pedro Solbes fichó por la multinacional eléctrica italiana Enel, propietaria de más del 90% de Endesa. ¿Dinero a cambio de tráfico de influencias? Para muchos, estos fichajes rozan lo delictivo y sobre todo, contribuyen a un desprestigio aún mayor de la clase política.

Por una u otra razón, lo que está claro es que el ciudadano en todo lo relacionado con el sector eléctrico, sale perdiendo o mejor dicho, acaba pagando. España es el único país del mundo donde los clientes mantienen una deuda con el conjunto del sector eléctrico, que se acumula y crece de forma crónica. Esta deuda, además de injusta, como hemos visto, corresponde a un sobreprecio motivado por intereses políticos. Nadie es capaz de explicar de manera convincente lo que vale un kilowatio ni tampoco el movimiento de nuestro mercado eléctrico. Muchos analistas dudan incluso de que exista tal déficit ya que las tarifas son 'cocinadas' por las propias multinacionales eléctricas en un régimen de monopolio alejado del coste real de la energía.

Hasta 1998, año en que el sector se liberaliza, el sistema empresarial eléctrico era nacional. Hoy el 50% pertenece a capital extranjero. Endesa por ejemplo, antes empresa estatal, acabó en manos de la eléctrica italiana Enel y además a precio de saldo. Después de tanto proceso liberalizador propugnado por la Comisión Europea en los últimos años, hemos visto que lo ocurrido en nuestro país no sucedió ni en Francia, Alemania o Italia, donde las compañías eléctricas siguen siendo propiedad del Estado que es quien decide su propia política de seguridad energética.

Los ciudadanos hemos permitido que un bien esencial como es la electricidad, se haya convertido en un casino y no un servicio. Y más aún, las grandes corporaciones privadas, poco a poco, están consiguiendo que sus deudas acaben convirtiéndose en deuda pública, es decir, pagada por los ciudadanos. Pasó con los rescates a los bancos, con las empresas de automoción y ahora con las compañías eléctricas. "Hablamos de un problema estructural -apuntan desde el OCE- que tiene que ver sobre todo con el cómo se realizó la privatización del sistema eléctrico y con cuáles son las reglas del juego ahora, que permiten un sistema esencialmente oligopólico e innecesariamente complicado". Y en este sentido, tampoco se ve que el Gobierno actual esté por la labor de atacar los problemas de fondo o de enfrentarse a las empresas eléctricas. Por tanto, queda en manos de los ciudadanos exigir transparencia y solicitar una auditoría de las cuentas públicas y de los beneficiados por todas estas operaciones opacas.

Saber de qué deuda hablamos, quién la contrajo, cómo, plazos... Islandia ya dio el primer paso y hasta ahora, con muy buenos resultados.

El Supremo da la razón a las eléctricas

Endesa e Iberdrola consiguen que el Tribunal Supremo les dé la razón. Mientras no cambie el actual marco legislativo -según el alto tribunal-, el Gobierno no puede "congelar" la tarifa eléctrica. Está obligado a subir la factura desde enero de forma inmediata, según el auto del Supremo. Las empresas habían presentado sendos recursos contra la decisión del Gobierno asegurando que los peajes 'excesivamente bajos' no sufragaban los costes. Industria deberá aprobar una nueva orden para recaudar a los 29 millones de usuarios, las cantidades exigidas por las empresas y admitidas por el TS. Es la tercera vez en menos de dos años que el alto tribunal da la razón a las eléctricas.

Revista Fusión
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